Regla fiscal suspendida, gasto inflexible y calificación en riesgo
¿Cómo nos afecta?
Colombia se aproxima a una encrucijada fiscal que marcará profundamente su estabilidad económica en los próximos años. A partir de 2026, el país deberá enfrentar las consecuencias de un modelo de gasto insostenible, una deuda creciente y la eliminación de los límites que protegían el equilibrio fiscal. No se trata de una crisis aislada ni de una coyuntura puntual: es la acumulación de decisiones que, de no corregirse, pueden comprometer la capacidad de crecimiento económico, inversión y empleabilidad.
Un déficit que viene de lejos… pero se agravó
Colombia gasta más de lo que recibe. Esta realidad no se generó con el actual gobierno, se ha venido acumulando desde la Constitución del 91, pero se agravó por la pandemia con la administración anterior. El aumento del gasto público en salud, subsidios y protección económica fue una respuesta comprensible, pero dejó una herencia de déficit fiscal que requería ajustes urgentes, incluida la disminución del gasto público.
En lugar de reducir el gasto, el gobierno actual lo ha incrementado, basándose en una expectativa de recaudo que no se ajusta a la realidad. Informes recientes han evidenciado que las cifras reportadas por la DIAN no reflejan una mejora estructural, sino una sobreestimación del ingreso estatal con iniciativas avaladas en la última reforma tributaria que fueron declaradas inexequibles, como la no deducibilidad de regalías o la iniciativa del arbitraje tributario, abandonada en su trámite legislativo.
Una consecuencia obvia de lo anterior es que los ingresos corrientes de la nación, conformados principalmente por el recaudo de impuestos, al ser insuficientes, deben ser suplidos con mayor endeudamiento.
Aunque se reconoce, que el mayor porcentaje del gasto público corresponde a obligaciones constitucionales y legales que el Gobierno no puede dejar de financiar (gasto inflexible¹). Algunos ejemplos son: las pensiones, el Sistema General de Participaciones (merece un blog propio), intereses a la deuda pública, sistemas de salud, nómina del sector público, entre otros.
No obstante, la inflexibilidad del gasto no es una excusa para evitar implementar medidas tendientes a reducir el gasto público con iniciativas legislativas y administrativas. En este último caso, por ejemplo, una reducción de la nómina pública. Todo lo contrario ha ocurrido en este último punto².
El levantamiento de la regla fiscal: ¿una vía sin retorno?
En este contexto complejo, el gobierno tomó una decisión que puede agravar el escenario: suspender la regla fiscal. Esta norma actúa como un mecanismo de control para evitar que el gasto público supere los ingresos en niveles críticos. Al eliminarla, el Estado puede endeudarse sin restricciones legales claras, generando un margen artificial de maniobra que compromete la sostenibilidad financiera del país³.
En esencia, la justificación del Ministerio de Hacienda para incumplir la norma de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, se halla en una supuesta parálisis del Estado ante un no levantamiento de la regla fiscal por la falta de ingresos, el elevado gasto inflexible y la subida de las tasas de interés de deuda pública. Adicionalmente, se argumenta que la iniciativa permitirá que el Congreso coopere en una reforma estructural que permita encaminar las finanzas de la Nación hacia la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, el órgano técnico en la materia (CARF) en su pronunciamiento reciente, indicó que la naturaleza de la cláusula de escape de la regla fiscal es la de sobrellevar eventos extraordinarios que en verdad comprometan la estabilidad macroeconómica del país, lo cual no ocurre en el presente⁴.
La decisión, aunque permite financiar más programas y mantener la inversión estatal en el corto plazo, también genera señales de alerta entre inversionistas, organismos internacionales y calificadoras de riesgo.
¿Qué puede pasar en el futuro cercano?
La combinación de un déficit fiscal elevado y la ausencia de regla fiscal tiene una consecuencia casi inevitable que estamos viviendo: la semana pasada una de las tres principales agencias de calificación crediticia ubicó a Colombia en el límite para perder el grado de inversión internacional y catalogarse como una economía especulativa; por su parte, las otras dos ya la califican de esta manera⁵. La consecuencia inmediata es que el país enfrentará mayores tasas de interés para su deuda externa y dificultades para acceder a financiamiento.
Pero el efecto no termina ahí. Las tasas de interés internas también subirán, encareciendo el crédito para personas y empresas, lo cual podría provocar una contracción del consumo, una desaceleración en la producción y eventualmente un aumento del desempleo. Escenario fatalista que puede ocurrir a menos que existan medidas responsables del manejo macroeconómico por parte del Gobierno Nacional.
Además, con una calificación más baja, la inversión extranjera podría volverse más selectiva. Aunque los mercados de alto riesgo a veces resultan atractivos por sus altos retornos, la incertidumbre institucional y fiscal dada la pérdida de confianza no es buena compañera de largo plazo para los inversionistas.
¿Hay salida?
Sí, pero requiere decisiones valientes en lo político y técnicas en lo profesional. El país necesita retomar una senda de responsabilidad fiscal. Eso implica revisar el gasto público con rigurosidad, corregir las proyecciones de ingresos y restablecer la credibilidad del sistema macroeconómico nacional. También será clave diseñar una hoja de ruta que le dé certeza a los mercados: sin confianza, no hay inversión.
Es altamente probable que el Gobierno Nacional proponga una nueva reforma tributaria que intente disminuir la brecha entre el alto gasto y el poco ingreso presionando cada vez más los ingresos de los contribuyentes, en particular de la minoría formal. Aunque circulan mensajes de gravar los bienes excluidos de IVA que buena parte son los de la canasta familiar, propuesta que le costó el puesto al ministro de entonces Alberto Carrasquilla. Una más de las contradicciones a contabilizar del gobierno actual.
¹ El comité autónomo de la regla fiscal (CARF) en el informe de cumplimiento de la regla fiscal presentado en abril de 2025, al Congreso de la República, indicó que el gasto inflexible en 2024 se ubicó en 89,6%.
³ Parágrafo 2, artículo 5, de la Ley 1473 de 2011.
⁴ Concepto previo de la CARF ante el levantamiento de la regla fiscal, del 8 de junio de 2025.
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Escrito por:
Camilo Quintero
Gerente de Impuestos
