Imponer retención a Bre-B es un error
El país celebra la llegada de Bre-B y avanza en los esfuerzos para masificar su implementación a nivel nacional con lo que se esperan obtener múltiples beneficios: Este sistema de pagos inmediatos está diseñado para modernizar la economía, ampliar la bancarización y, en buena medida, promover la formalización y el aporte de más ciudadanos a las finanzas del Estado por vincularlos al sistema bancario (reporta información). Todo ello cobra especial relevancia en un país donde la informalidad es cercana al 60% de la población, que usa efectivo para subsistir.
Desconociendo lo anterior, un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda amenaza con frenar la iniciativa impidiendo el alcance inicial esperado en su cobertura. La propuesta de imponer una retención en la fuente del 1.5% a los pagos electrónicos, aunque afirma “equiparar” el tratamiento con las tarjetas de crédito, ignora la prioridad del presente: la iniciativa debe ser de uso masivo por la población nacional para poder alcanzar los beneficios esperados.
La retención propuesta busca aliviar una urgencia de flujo de dinero o caja del Gobierno Nacional actual, sin importarle el futuro cercano del país en temas de mayor acceso a servicios financieros, mayor control y en particular mayor formalización que es uno de los principales problemas de la nación.
El impulso de Bre-B
¿Qué es Bre-B? Es el nuevo sistema de pagos interoperable, administrado por el Banco de la República, para facilitar, de forma inmediata y segura, las transferencias entre cuentas y pagos entre personas y comercios en Colombia. Su objetivo es simple pero poderoso: permitir que cualquier persona o comercio envíe y reciba dinero al instante (24 horas al día, 7 días a la semana), sin importar si su cuenta está en un banco tradicional o en una billetera digital. Funciona mediante “Llaves” (como el número de celular) o códigos QR, buscando reemplazar el efectivo por un método más fácil, seguro y organizado.
Este sistema de pagos tiene dos finalidades, por un lado, avanzar en la bancarización y digitalización de pagos; y por otro, aumentar la transparencia y trazabilidad de la circulación de recursos, lo que potencialmente ayuda al control fiscal y a la formalización de la economía.
¿Qué es la retención en la fuente?
La Retención en la Fuente no es un impuesto nuevo, es un mecanismo para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de impuestos, como el de la renta. En la práctica, funciona como un pago anticipado del impuesto: cuando un comercio recibe un pago electrónico, el sistema le “retendría” automáticamente el 1.5% de ese valor para entregárselo a la autoridad tributaria, dado que su recaudo es mensual.
Particularmente, la retención en la fuente busca asegurar flujos de caja al Estado, reducir evasión o elusión, y disminuir el riesgo de recaudo con posterioridad.
La realidad: Un país que prefiere el efectivo
Aunque Colombia ha avanzado enormemente en acceso financiero, con un 94.6% de los adultos teniendo al menos un producto de depósito (como una billetera digital) a cierre de 2023[1] y 95.8% a cierre de 2024[2], el uso de estos productos sigue siendo bajo. El efectivo sigue dominando.
Según los análisis del Banco de la República de Colombia sobre brechas en el desarrollo de pagos digitales en Colombia, los colombianos guardan cerca del 40 % de sus ahorros en efectivo en casa, mientras que solo el 20,8 % lo hace en bancos o cooperativas. Asimismo, indican que la gran mayoría de las transacciones diarias no son digitales; solo un 15% se harían por transferencias electrónicas y un 8% con tarjeta débito. [3]
La preferencia por el efectivo es abrumadora en los segmentos de menores ingresos o en situación de informalidad pagan en efectivo. La desconfianza en los sistemas digitales y las barreras en zonas rurales (donde el acceso es universal, pero el uso es menor) perpetúan esta dependencia al papel moneda.[4]
Un freno a la inclusión financiera
El proyecto de decreto busca aplicar esta retención a pagos que hoy no lo tienen, como los realizados por QR o transferencias entre depósitos de bajo monto (billeteras digitales). Precisamente los mecanismos que usa la economía informal (vendedores ambulantes, tiendas de barrio, entre otros) para bancarizarse.
Para un pequeño comerciante que apenas está adoptando Bre-B para recibir pagos, un descuento automático del 1.5% en cada venta es un cargo directo a sus ingresos que incluso pueden representar su utilidad, dada la marginalidad de esta. La consecuencia lógica es el rechazo en usar Bre-B y la bancarización digital, ya que si aceptar un pago digital significa ganar menos, la población en la informalidad, que lucha por el ingreso diario, será la primera en apagar el datáfono y exigir efectivo.
Con estas iniciativas no podremos superar los “Si me paga en efectivo no le cobro 5% adicional” habituales.
Menos recaudo en el futuro cercano
La justificación del decreto habla de “equiparar” la cancha y evitar el arbitraje. Sin embargo, al imponer una barrera de entrada a los sistemas más básicos, el efecto probable será una migración masiva de regreso al efectivo de la población y en especial de los sectores informales.
Si las personas y comercios optan por el efectivo para evitar la retención, el gobierno no solo dejará de recibir ese 1.5% que esperaba recaudar, sino que perderá por completo la visibilidad de esas transacciones. El resultado será un menor recaudo potencial, contrario al objetivo de “acelerar y asegurar” la colecta de impuestos, esto debido a que la lógica del recaudo anticipado (retención en la fuente) funciona solo si el uso del canal retenido se mantiene alto; si disminuye, el resultado puede ser menor.
Una decisión con vocación de mayor recaudo sostenido en el tiempo es vincular a la mayor cantidad de personas a la formalización para capturar esos ingresos no reportados y que sean sujetos de contribuciones a las finanzas estatales: en el impuesto a la renta, en aportes a seguridad social en dos de los sistemas más desfinanciados: salud y pensión.
El riesgo de la ceguera transaccional
Uno de los grandes beneficios de la bancarización digital, que el propio proyecto de decreto reconoce, es la “plena trazabilidad transaccional”. Sistemas como Bre-B permiten saber cómo se mueve el dinero, quién compra y quién vende. Esta información es vital para el diseño de políticas públicas y para la lucha contra la evasión y el lavado de dinero.
Al desincentivar el uso de estos canales, el país volverá a la “caja negra” del efectivo. Se perderá información valiosa sobre la distribución de la riqueza y la actividad económica real, especialmente en los sectores informales que Bre-B buscaba iluminar.
Una de las múltiples consecuencias adversas del uso del efectivo es que el Estado diseña políticas públicas con información incompleta que no es acorde a la realidad en ámbitos sociales y económicos.
La motivación: Flujo de caja a corto plazo
La motivación del decreto es la necesidad de flujo de caja a corto plazo. La retención anticipada del 1,5 % generaría ingresos adicionales en el presente, lo cual es atractivo en contextos de aumento del gasto sin recursos que lo financien, como es el caso del Gobierno actual.
Sin embargo, el objetivo de corto plazo de obtener un mayor flujo de caja entra en tensión con las metas de inclusión financiera, formalización y digitalización de la economía que son de mediano y largo plazo y de gran valor estratégico para la economía. Es decir, aumentar recaudo en el presente puede costar menor desarrollo y bienestar en el futuro.
El ejemplo de Brasil
No hay que ir lejos para ver los riesgos. En Brasil, el sistema de pagos instantáneos PIX[1] (equivalente a Bre-B) fue un éxito rotundo, logrando una adopción masiva y reemplazando el efectivo en muchos sectores. Sin embargo, cuando el gobierno introdujo nuevas reglas y normativas fiscales (como cambios en el Impuesto sobre Operaciones Financieras) que afectaban las transacciones, la reacción no se hizo esperar. Múltiples reportes indicaron que, ante la nueva fricción regulatoria, muchos establecimientos comenzaron a limitar o dejar de aceptar PIX, prefiriendo otros métodos de pagos, generando una caída del volumen de las operaciones de alrededor del 15% en solo 2 semanas.[2]
El mensaje es claro: la adopción de pagos digitales es sensible a los costos y fricciones. Lo que en Colombia se busca (gravar el 1.5%) es una barrera clara en la construcción de masa crítica de la plataforma: en el presente la prioridad debe ser brindar las mayores facilidades para que la gente encuentre atractivo apropiarse de Bre-B en su cotidianidad. No se pueden sacrificar los múltiples beneficios de masificar este riel de pagos público por un mayor ingreso insignificante para financiar un mayor gasto de un gobierno saliente.
[1] Superintendencia Financiera de Colombia, 2023. https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115193/reporte-de-inclusion-financiera-2023-avances-y-retos-en-colombia/?utm_source=chatgpt.com
[2] Superintendencia Financiera de Colombia, 2024. https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2025-05/BDO_RIF%202024_COMPLETO%201.pdf
[3] Banco de la República. 2023. Disponible en https://www.banrep.gov.co/es/blog/brechas-desarrollo-pagos-digitales-colombia
[4] Seguridad en pagos electrónicos. https://iqcol.com/el-efectivo-sigue-siendo-el-rey-en-colombia-retos-2024/
[1] Banco Central de Brasil. https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix
[2] Secretaría de Comunicación Social. Gobierno de Brasil. https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/01/novas-regras-para-pix-nao-criam-tributos
Escrito por:
Camilo Quintero
Gerente de Impuestos
